En el día de hoy, parece que se va a firmar un convenio de colaboración para promocionar e impulsar la mediación entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en justicia.
Esto sin duda, me parece importante pero también creo que es un arma de doble filo en lo referente a la mediación penal. Veamos no entiendo la exclusión de Comunidades sin competencias puesto que tras la aprobación del Estatuto de la Víctima, cualquier víctima con independencia del lugar donde sufra el delito, tiene derecho a ser informada de los servicios de Justicia Restaurativa existentes, no sería lógico que hubiera víctimas de primera y segunda clase, dependiendo si viven en una Comunidad con competencias o sin ellas. También es cierto, que no se puede hablar de mediación y "meter todo el mismo saco", que el Estatuto hable de Justicia Restaurativa no es una casualidad sino que así se puede ver la amplitud de las diferentes prácticas restaurativas, que en ningún caso se reducen a mediación penal.
Pero aún así si queremos hablar de mediación penal, ésta no es como la conciben, mucho me temo que la mayoría de los operadores jurídicos, no es un mecanismo alternativo de solución de los pequeños delitos, es una forma de abordar el delito más humana, que tiene en cuenta las necesidades de las víctimas y fomenta la responsabilización del infractor, no hablamos de dos partes en condiciones de igualdad que deben ceder un poco para ganar ambos. El infractor ganará de forma teórica como persona, si asume lo que ha hecho y decide hacer lo correcto, está será su ganancia, y la víctima no tiene por qué conformarse con menos que lo que necesite para ayudarla a superar el delito. El propio estatuto de la víctima, en su exposición de motivos habla de esto y reconoce que su visión es superar la concepción mediación víctima-infractor como otra clase de mediaciones y admite la desigualdad evidente entre víctima e infractor.
Creo que la Justicia Restaurativa es bien diferente y en reconocimiento de estas diferencias y puesto que ya tenemos una norma que ampara nuestro trabajo, más que impulso de la Justicia Restaurativa necesitamos que cuando el Estatuto de la víctima entre en vigor, se haga realidad lo contenido en ella y por tanto, se dote de apoyo económico a estos servicios como el que coordino y que llevamos años trabajando. Hacer normas puede ser más o menos fácil pero lo esencial es hacerlas realidad y en esto debe estar enfocada nuestra labor. Además se hará necesario que las personas dejen de ver la mediación penal como algo alternativo al juicio pues sin lugar a dudas, puede ser un complemento. Es hora de hacer cumplir la norma que ya nos convierte en Servicios legales y asimilados a los de asistencia a la víctima, de hecho, los servicios de asistencia a la víctima tendrán como misión colaborar con los de justicia restaurativa, según dice también el Estatuto, todo está claro así que menos impulso de algo que ya es una realidad y más cumplir lo que recogen las normas. El siguiente paso también sería una norma reglamentaria que complemente y amplie las funciones y competencias de estos Servicios de Justicia Restaurativa, sin olvidar, que lo importante son los afectados por el delito, no los operadores jurídicos o los políticos.
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